¿Son bajos los salarios académicos en España?

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Science y Nature se han hecho eco de los bajos salarios que reciben los estudiantes de doctorado (aquí y aquí). Recientemente los doctorados de varias universidades americanas han protagonizado protestas y huelgas, dando paso a la creación de varios sindicatos de estudiantes de doctorado (siendo el más reciente en el MIT). En EEUU los salarios de los doctorandos varían según la universidad y el programa. Según este estudio publicado en American Entomologist, la media está en torno a unos $27,000, que en muchas localidades está por debajo del salario que cubre el gasto medio por persona, cifrado en torno a unos $30,000. Varias universidades están incrementado el salario de sus doctorandos, como por ejemplo Yale, que lo ha aumentado un 20.7% hasta alcanzar los $40,000. En UK, las becas doctorales de la UK Research and Innovation (UKRI) se han incrementado un 11.3% hasta las £17,668, que también está por debajo del gasto medio por persona en UK, cifrado en unas £20,000.

En España, los contratos predoctorales para la formación de doctores (FPU) suponen €17,921 anuales en 2022 (ver aquí), bastante por encima del gasto medio por persona reportado por el INE en 2021 de €11,780 (equivalente a un salario bruto de unos €14,250). Los salarios de los futuros doctores se han mantenido relativamente constantes en la última década. Por ejemplo, con respecto al año anterior, se han incrementado un 0.77%.

Otra manera de contextualizar los salarios doctorales en España es analizar el coste de oportunidad comparándolos con los salarios que se obtendrían trabajando fuera de la universidad. Según el IVIE, el salario medio de un graduado universitario de 24 años es de unos €17,000 (ver figura).

Fuente: IVIE

Para que la comparación resulte ilustrativa, debemos comprar la diferencia (respecto a otro país por ejemplo) en las diferencias salariales (PhD académico vs graduado). Tomemos como referencia EEUU, donde según la Universidad de Georgetown en EEUU, el salario medio de un recién graduado es de $62,500, tal como muestra la siguiente figura.

Fuente: THE GEORGETOWN UNIVERSITY CENTER ON EDUCATION AND THE WORKFORCE

En términos relativos, el salario de los doctorandos en España es un 26% mayor que el coste de vida promedio y un 5% mayor que el salario fuera de la universidad. Por el contrario, en EEUU el salario de los doctorandos está un 10% por debajo del coste de la vida y un 57% por debajo del salario fuera de la universidad. La difrencia entre EEUU en las diferencias salariales no nos permite afirmar que los salarios de entrada en la universidad española sean bajos.

Para que la comparación sea justa, habría que precisar que en EEUU no es preciso realizar un máster para acceder al doctorado, por lo que los primeros años incluyen formación postdoctoral. Por tanto, en el salario del candidato doctoral en EEUU habría que incluir una subvención implícita en su formación, así como unas perspectivas de mejora en cuanto a su salario futuro.

Es interesante analizar qué sucede una vez que se termina la tesis doctoral. A lo largo de su vida, en EEUU un profesor ingresa 2.8 millones de dólares, algo por debajo de la media de profesionales con doctorado (3.2 millones de dólares), y un graduado ingresa 2.3 millones en promedio (como puede verse en la figura de abajo, hay una gran variabilidad). Es decir, un profesor cobra un 24% más que si solo hubiera estudiado un grado universitario. La literatura especializada encentra resultados similares, por ejemplo de hasta un 29% en Alemania (Mertens y Röbken 2013) o un 26% en el Reino Unido (Cassey, 2009).

En cambio, los profesores universitarios tienen un salario un 13.8% menor que otros profesionales con similar formación fuera de la industria. Esta diferencia es el precio del riesgo, ya que la profesión universitaria tiene un riesgo de desempleo menor.

Hagamos la misma comparación en España. Para hacer una comparación más adecuada con los datos españoles, comparemos los salarios de un profesor universitario en EEUU con un graduado universitario. Supongamos una joven doctoranda empieza con una beca FPU con 24 años, encadena un postdoc Juan de la Cierva con 28 y promociona a Profesora Contratada con 33 años, a Titular con 43 y a Catedrática con 53 años, y va acumulando trienios, sexenios y quinquenios de manera progresiva. Algo por otra parte totalmente absurdo que solo pueda aumentar el salario acumulando años sin moverse del puesto. Supongamos siendo conservadores que no ha ostentado ningún cargo académico con derecho a remuneración (algo por otra parte difícil de imaginar con los criterios de acreditación a la Cátedra).

Tomando como referencia los salarios de la Universidad de Málaga (aquí y similares al resto excepto por el complemento autonómico), nuestra profesora universitaria obtendrá un salario al final antes de la jubilación a los 65 años de €72.000 a precios de 2021 (siendo el 39% la suma de complementos). A lo largo de su carrera universitaria habrá acumulado ingresos de alrededor de 2 millones de Euros. En cambio, según el gráfico del estudio del IVIE, el graduado medio acumula unos ingresos de unos 1.4 millones de Euros (menor en caso de ser mujer). Por tanto, un profesor o profesora de la Universidad pública española cobrará un 42% más que un graduado a lo largo de su vida laboral.

Actualización: En el siguiente gráfico muestra la evolución del salario máximo académico con los criterios descritos anteriormente. Si nuestra profesora no promociona a Catedrática y obtiene tres sexenios, acumula 1.77 millones, un 25% más que el graduado medio (en línea con los datos de EEUU).

Este resultado no es sorprendente, es cualitativamente parecido a lo que ocurre en otros países. Resulta en cambio sorprendente que los académicos en España disfruten de un premium de 18 puntos porcentuales por encima del profesor universitario medio en EEUU (otra interesante diferencia en las diferencias salariales). Conviene precisar que en EEUU hay una gran variabilidad en los salarios por campo y por producción científica.

Este sencillo análisis descriptivo sugiere que el salario de los estudiantes de doctorado no parece escandaloso. De hecho, los salarios académicos españoles parecen ser bastante generosos en términos relativos al inicio y a lo largo de la vida laboral. No obstante, un análisis más detallado podría arrojar más luz sobre esta cuestión en términos de eficiencia y política científica. Algo sin duda interesante para algún estudiante que esté iniciado su carrera académica.

Actualización (27/02/2023). Las retribuciones míniemas del salario de un contrato FPU se han actualizado según la siguiente tabla (fuente). Son 14 pagas de €1,260 los primeros años, €1,350 el tercero y €1,688 el cuarto. En total unos 20.000€ brutos anuales o €1.662 mensuales en 12 pagas. El salario FPU es un 18% mayor que el recién graduado (€17.000), un 27% menor que el salario medio (€27.570) y un 32% mayor que el SMI (€15.120).

La UE explora DORA

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La Comisión Europea ha dado un giro en su política de evaluación científica firmando dos acuerdos que impulsan una nueva forma de evaluar la investigación. La Comisión Europea ha suscrito el acuerdo para reformar la evaluación de la investigación (Agreement on Reforming Research Assessment) impulsado por CoARA, una coalición de 350 organizaciones científicas que impulsan una reforma de la evaluación científica. También ha suscrito la Declaración de San Francisco de Evaluación de la Investigación (DORA), que establece unas recomendaciones para mejorar la evaluación científica.

DORA nace en 2012 con el objetivo general de reducir la dependencia del factor de impacto y las citas, y promover una cultura en la que se dé más “importancia al valor intrínseco de la investigación”. A través de la coalición CoARA, la UE recoge plasma esta filosofía en los principios que guían el acuerdo: calidad (originalidad, profesionalidad y resultados) e impacto (científico, tecnológico, económco y social).

A partir de ahora, la Comisión Europea se compromete a impulsar diez acciones en tres ámbitos (diversidad, calidad y evaluación) para incrementar la calidad y el impacto de la investigación Europa. En concreto, la Comisión fija tres compromisos para reformar la evaluación científica. Primero, implementar unos criterios de evaluación cualitativos mediante una revisión por pares, con un uso responsable de métricas. Segundo, reducir el peso de las métricas bibliométricas, en concreto el factor de impacto y índice h en la evaluación. Concretamente, se compromete a renunciar a recurrir exclusivamente a métricas de autoría (número de artículos, citas, proyectos) o de publicación (factor de impacto de la revista, idioma). Tercero, abandonar el uso de los rankings. Conviene señalar que estos acuerdos abarcan la evaluación individual de investigadores, así como los proyectos de investigación y los centros.

Aumentar el peso de la evaluación cualitativa en detrimento de la cuantitativa se justifica por tres motivos: i) las citas no siguen una distribución normal y por tanto el factor de impacto (una media) no es representativa de las citas de un artículo en concreto. ii) El factor de impacto de una revista es específica de cada campo. iii) Ciertas editoriales han encontrado la menara de inflar el factor de impacto. En cada campo existe un consenso de tácito de lo que se considera o no una aportación de calidad. Si se utilizan exclusivamente métricas basadas en el factor de impacto nos encontraríamos con la paradoja de acreditaciones a Catedrático con exclusivamente 12 ‘Sustanaibilites’, como ya expusimos aquí. El factor de impacto es una condición necesaria pero no suficiente para acreditar la calidad del artículo, es difícil determinar la calidad de un artículo individual con la media de todos los artículos publicados en la revista.

Los acuerdos son lo suficientemente imprecisos para entender que los criterios actuales se alinean con los principios de DORA. Por ejemplo, la ANECA ya realiza una revisión por pares (las comisiones) con unos criterios medianamente transparentes que van más allá uso exclusivo del factor de impacto. En especial el informe revistas Open Access (disponible aquí), la ANECA reconoce implícitamente los problemas con el uso del factor de impacto. No obstante, ante la falta de concreción en la transposición práctica de los acuerdos suscritos por la Comisión, resulta interesante reflexionar cómo pueden verse afectadas la política de evaluación científica en España.

En un país que actualiza los criterios de evaluación aproximadamente cada dos años no es descabellado, por tanto, suponer que la siguiente reforma de los criterios de acreditación de la ANECA vayan en línea con esta filosofía de evaluación. Ya se escuchan voces argumentando que estos acuerdos implicarán un cambio radical en el sistema de acreditación nacional; por ejemplo, con una acreditación institucional en vez de individual aquí, o eliminar el uso del factor de impacto aquí. Con estas reflexiones no pretendo dar argumentos en favor del actual sistema de acreditación (es un tema para otra entrada).

Sin embargo, virar el sistema acreditación hacia una valoración totalmente cualitativa (sin ninguna otra reforma adicional) acarrearía tres problemas. Primero, podría chocar con los principios de transparencia y objetividad de cualquier convocatoria pública. Segundo, dificultaría la valoración de contribuciones altamente especializadas que pueden caer fuera del alcance de la comisión encargada de la valoración.

Por último, daría más poder discrecional a las comisiones. Si la discrecionalidad no se ejerce para favorecer a ciertos candidatos, permite corregir los fallos comentados anteriormente. Sin embargo, el factor de impacto (o cualquier otra medida objetiva) proporciona ciertas garantías al evaluado frente al evaluador. La comisión de acreditación con una discrecionalidad total se parecería mucho a los antiguos tribunales de habilitación o los de las plazas actuales. Casi todas las quejas de nepotismo/endogamia surgen de tribunales de plazas donde no existen unos criterios cuantitativos. Casi ninguna de estos casos se hacen eco de decisiones discriminatorias de las comisiones de la ANECA. Se critican más o menos los criterios, pero raramente su aplicación.

En definitiva, una aproximación Marxista (Groucho) a la evaluación científica donde “si no le gustan mis criterios cuantitativos, tengo otros cualitativos” no está exenta de problemas.

Forced migration and food crises

 Forced migration and food crises (VoxEU column)

The rising levels of food insecurity due to the war in Ukraine have led to concerns about the effects on international migration. This column uses data on asylum seekers with origin in 114 developing countries and destinations in 155 countries – both developed and developing – to show that mild food security crises tend to lead to a surge in forced migration to developed nations, relative to internal displacement. When food crises are more severe, this gap between the effect on international migration and internal displacement reduces, and migrants also become more likely to choose a developing country destination. The expected persistence of a food crises may also play a role in forced migration

In May 2022, the cover story of The Economist (2022), “The coming food catastrophe”, described a daunting scenario where the war on Ukraine has hit a global food system that was already weakened by Covid-19, climate change, and energy shocks. That same day, the Executive Director of the UN World Food Programme, David Beasley, declared that the Ukraine conflict would be a “declaration of war on global food security” and would “cause famine, destabilization and mass migration in nations around the world”. Meanwhile, the UN secretary-general warned against “the spectre of a global food shortage”.

According to the World Food Programme, in less than one year, the population exposed to high food prices and financial difficulties has risen to 1.6 billion people. Up to 345 million people are estimated to suffer from acute food insecurity (United Nations 2022a, 2022b). Although the situation has partially reverted in the last months, since 2020 food prices have risen steeply, and the FAO food price index is currently at historical record high levels (see Figure 1). Food crises, which aggravate poverty and inequality issues in developing countries and poorer households (Artuc et al. 2022), are likely to trigger migration flows. Indeed, the European Commission has expressed concerns about the “huge challenge” posed by migration waves sparked by food shortages. In parallel, the number of applicants for political asylum has increased during the past two decades (Hatton 2021), and the war in Ukraine casts a daunting shadow on refugees in Europe (Becker 2022).

Figure 1 FAO Food price index in real terms

Source: FAO

The link between food crises and migration seems clear to policymakers. However, existing studies on international migrations have generally overlooked the role of food crises, with a few exceptions. In a recent study (Carril-Caccia et al. 2022), we aim to understand better the effects of food crises on international migration flows. Is a potential global food crisis expected to trigger mass migrations? Where would those flows be directed?

In order to answer these questions, we apply the empirical framework of the structural gravity model of trade (Yotov et al. 2016) to data on asylum seekers with origin in 114 developing countries and destinations in 155 countries – both developed and developing.

The link between food insecurity and migration

Modelling catastrophic events like food crises within the gravity framework is challenging for several reasons. Firstly, the standard models of migration flows weigh the payoff of migrating (e.g. higher salaries and well-being) against the costs of moving (e.g. monetary or psychological). Food crises could affect migrations in two opposing ways. On the one hand, they increase the payoff of migrating since food crises reduce the well-being of the migrant in their country of origin and “push” migrants out of their countries or regions. Additionally, migration insures against natural disasters (Yang and Choi 2007). On the other hand, since food prices increase during severe food crises, potential migrants may need to use more resources to cover their immediate food needs, limiting their ability to meet the costs of migrating (Smith and Floro 2020). Indeed, financial constraints have consistently been found to restrain internal and international migration flows (Angelucci 2015).

We hedge these limitations in two ways. Primarily by measuring the severity of the food crises with an index of the intensity of food crises. We built a new dataset (available upon request) with detailed data on the characteristics of food crises (e.g. intensity, causes). We processed and categorized the reports and unstructured information provided by FAO’s Global Information and Early Warning System (GIEWS). We developed a taxonomy of keywords to measure the impact of a food crisis event, its intensity, and its underlying causes. For consistency with the FAO’s classification, we used three levels: i) exceptional shortfall in aggregate food production/supplies (mild), ii) severe localised food insecurity (moderate), and iii) widespread lack of access (severe). Additionally, we distinguish the effect by the level of development of the host country, which is correlated with the level of moving cost.

The second challenge is empirical: food crises are country-specific and come at odds with the canonical econometric specification of the gravity equation (e.g. Baier and Bergstrand 2007), which delivers consistent estimates only of country-pair variables. To overcome this issue, we rely on recent developments in the gravity literature that exploit internal trade to identify country-specific policy variables (Heid et al. 2021). Thus, we constructed a migration dataset that includes internal displacements, migration flows within the same country, and international displacements.

The effects of food crises on international migrations: The intensity and causes matter

Results in Figure 2 suggest that overall food crises propel international migrations, leading to a substantially higher increase in the number of international forced migrants (75% more) than in the number of internal (i.e. within country) displacements. ¹ In a second step, we distinguish between the severity of the crises. We find that mild food crises show the largest impact on the number of international displaced people (relative to internal displacements). In contrast, as the level of food insecurity increases, the positive effects moderate, and the increase in the number of international migrants tends to pair with the increase in internal displacements (see Figure 2). This suggestive evidence aligns with the hypothesis that the intensity of food crises correlates with financial constraints on migration. During mild food crises, individuals face fewer financial restrictions for international migration than during severe food crises, so migrants may still be able to afford the higher cost implied by cross-border (international) migrations. Recently, Cinque and Reiners (2022) showed that origin-country households tend to experience greater harm from natural disasters when unable to migrate.

Figure 2 Effects of food crises by intensity (compared with internal displacements)

Source: The authors' calculations draw on FAO’s Global Information and Early Warning System data. Note: The bars depict the marginal effects calculated with the coefficients of the gravity models’ estimates. When the coefficient is not significant, the bar appears in a lighter blue shade.

When we estimate the effect of food crises on the development level in the host country, we obtain a similar picture. Migration from less to more developed countries is more costly than between less developed countries due to higher travel costs, red tape, and restrictive migration policies. The findings in Figure 3 show that, on the one hand, mild crises have a similar impact on forced migration flows towards developing and developed countries. On the other hand, with severe or moderate food crises, forced international migrants are less likely to move to developed countries. In line with previous results, that could suggest that when food crises are severe, migrants may lack the necessary resources to afford the higher cost of migrating to a developed nation, thus choosing a developing destination.

Figure 3 Effects on flows to developed countries (compared with developing countries)

Source: The authors' calculations draw on FAO’s Global Information and Early Warning System data. Note: The bars depict the marginal effects calculated with the coefficients of the gravity models’ estimates. When the coefficient is not significant, the bar appears in a lighter blue shade.

We also characterised the food crises according to their underlying causes in Figure 4. Food crises driven by more than one cause, which might be expected to last longer or be systemic, prompt larger forced international migratory flows (compared with internal displacement flows). By contrast, crises relating to adverse weather events and disease, usually more transitory, trigger more internal displacement flows. These results suggest that the expected persistence of the food crises might play a role in forced migration.

Figure 4 Effects of food crises by the underlying cause

Source: The authors' calculations draw on FAO’s Global Information and Early Warning System data. Note: The bars depict the marginal effects calculated with the coefficients of the gravity models’ estimates. When the coefficient is not significant, the bar appears in a lighter blue shade.

Concluding remarks

The rising concerns of a global food shortage call for a better understanding of its economic effects. Policymakers designing policies to mitigate the effects of food crises might find helpful insights in our study to anticipate the coordination across different countries and developing agencies. For example, focusing efforts within countries during severe food crises and extending them internationally during mild food crises. Additionally, food relief policies that mitigate the severity of a food crisis without stopping it might have the unintended consequence of increasing international migration flows.

References

Angelucci, M (2015), “Migration and Financial Constraints: Evidence from Mexico”, The Review of Economics and Statistics 97(1): 224-228.

Artuc, E, G Falcone, G Porto and B Rijkers (2022), “War-induced food price inflation imperils the poor”, VoxEU.org, 1 April.

Baier, S L and J H Bergstrand (2007), “Do free trade agreements actually increase members' international trade?”, Journal of international Economics 71(1): 72-95.

Becker, S (2022), “Lessons from history for our response to Ukrainian refugees”, VoxEU.org, 29 Mar.

Carril-Caccia, F, J Paniagua and M Suárez-Varela (2022), “Forced migration and food crises”, Banco de España Working Paper No 2227.

Cinque, A and L Reiners (2022), “Confined to Stay: Natural Disasters and Indonesia's Migration Ban”,  CESifo Working Paper No. 9837.

Hatton, T (2021), “Asylum-seeker recognition rates and EU asylum policy”, VoxEU.org, 19 Nov.

Heid, B, M Larch and Y V Yotov (2021), “Estimating the effects of non‐discriminatory trade policies within structural gravity models”, Canadian Journal of Economics/Revue canadienne d'économique 54(1): 376-409.

The Economist (2022), “The coming food catastrophe”.

United Nations (2022a), “Brief No.3. Global impact of war in Ukraine: Energy crisis”.

United Nations (2022b), “Brief No.2. Global impact of the war in Ukraine: Billions of people face the greatest cost-of-living crisis in a generation”.

Smith, M D and M S Floro (2020), “Food insecurity, gender, and international migration in low- and middle-income countries”, Food Policy 91: 101-837.

Yang, D and H Choi (2007), “Are remittances insurance? Evidence from rainfall shocks in the Philippines”, The World Bank Economic Review 21(2): 219-248.

Yotov, Y V, R Piermartini and M Larch (2016), An Advanced Guide to Trade Policy Analysis: The Structural Gravity Model, WTO iLibrary.

Footnotes

1. Note that our methodology constraints us to obtaining relative effects, that is, they reflect the impact of food crises on forced international migrants compared with internally displaced persons. See Carril-Caccia et al. (2021) for more details.

Evidencias y desavenencias en torno a la tasa turística

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Estamos en el año 2 después de la pandemia y parece que deberíamos haber aprendido algo sobre políticas públicas basadas en evidencias (empíricas). En cambio, seguimos observado discusiones acaloradas con posiciones inamovibles en torno a políticas públicas. Por ejemplo, el debate sobre la tasa turística en la Comunitat Valenciana, donde los partidos políticos, organizaciones empresariales y asociaciones vecinales han cavado trincheras bien a favor o en contra.

Incluso se han creado dos plataformas online exponiendo los argumentos de uno y otro bando. Los partidarios (aquí), argumentan que es mentira (sic) que la tasa turística afecte negativamente al turismo. Aducen que “la tasa turística no tendrá ningún efecto en el sector y contribuirá a financiar los servicios públicos.” Desde la plataforma contraria, se advierte de la pérdida de competitividad por el aumento de precios, y sin oponerse totalmente, advierten que “ahora no es el momento”. El disenso dentro del Botànic, ha contribuido a amplificar el interés mediático.

Sin embargo, hay una voz ausente en el debate sobre la tasa turística. No encontrarán en los medios prácticamente ninguna referencia a los más de 3.600 artículos que aparecen en Google Académico sobre el término “tourist tax”. (Pueden ver un resumen de la cobertura en la prensa local aquí). La ausencia de cualquier atisbo de análisis riguroso esconde dos cuestiones relevantes. Primero, el poco predicamento que tienen las políticas públicas basadas en evidencias. De alguna manera, nos hemos acostumbrado al juego político del blanco y negro. Además, resulta sorprendente la ausencia de referencias u opiniones de quienes se dedican a estudiar estos asuntos. Y esta es justamente la segunda cuestión preocupante: la dificultad con la que trasladan los resultados de la investigación fuera del ámbito universitario.

Numerosos académicos llevan décadas estudiando los efectos de la tasa turística. Concretamente desde finales de los años 70, cuando los hoteleros de Hawai propusieron imponer una tasa por pernoctación para financiar la construcción de un centro de convenciones destinado a diversificar su negocio.

Hoy las motivaciones para imponer una tasa turística o un pequeño pago por pernoctación son distintas. El objetivo es corregir las externalidades negativas asociadas al turismo. Estas se producen cuando los costes del mismo no se asumen por los agentes implicados. Hay muchas situaciones en las que el turismo genera unos costes (ruido, limpieza, degradación del medio ambiente) que no se repercuten en el sector implicado. Se dan además otros factores que pueden lastrar la propia competitividad del sector, como por ejemplo la masificación.  Existen varias políticas públicas para corregir este fallo de mercado. La más popular es un impuesto Pigouviano: una tasa que permite compensar los costes externos mediante la reducción de la actividad económica que los genera junto con la recaudación del impuesto.

En nuestro entorno, esta tasa fluctúa entre 1€-6€ por noche, pero hay destinos como Bután que pueden llegar a cobrar 200€/noche. Es evidente que, si se cobrara esta cantidad en Valencia, no tendríamos ningún coste externo por el turismo porque simplemente desaparecería.

En economía no existen leyes naturales como en la física, pero sí realidades tozudas. Los turistas somos sensibles al precio de los productos o servicios que consumimos. Desde el estudio pionero de Mak y Nishimura en 1979, la evidencia que hemos ido acumulando va en la misma dirección: imponer una tasa turística tiene un impacto negativo en el número de turistas. En nuestro entorno este impacto es relativamente modesto. Por ejemplo, estudios realizados en Baleares (aquí y aquí) estiman que una tasa turística de 1€ reducirá menos del 1% la demanda total de turistas. En cambio, en las Maldivas, se estima que un aumento del 10% en el impuesto al turismo reduce la demanda en un 5,4% (link).

El reciente estudio de Heffer-Flaata et al. (2020) concluye que la tasa turística tuvo un impacto negativo en la demanda turística de británicos en ciudades francesas, italianas y españolas. El efecto negativo  es mayor en los destinos con aerolíneas low-cost, como Girona. Por tanto, serían previsible resultados similares que destinos como Benidorm y Alicante. No obstante, también concluye que las grandes ciudades como Venecia o Barcelona no experimentaron una caída significativa en la demanda. Existe además cierto consenso acerca de que la caída es mayor en los primeros años tras la medida, y tiende a aminorarse con el tiempo (ver aquí).

Efectos de la Tasa turística (Heffer-Flaata et al, 2020)

Hay varias razones que explican este comportamiento. La primera es que el sector turístico es un mercado altamente competitivo con unos precios muy ajustados a los costes directos. Por tanto, una tasa fija representa un porcentaje mayor del gasto total en comparación con destinos más caros. Por otro lado, está el efecto de ordenación de precios (ver aquí): los consumidores tendemos a escoger las primeras opciones dentro de una lista. Por tanto, quedar relegado un par de posiciones en los buscadores online puede suponer pérdidas considerables.

Las evidencias que ha ido arrojando el análisis económico de la tasa turística nos sugieren que la tasa tendrá un efecto negativo pero moderado. Intentar convencernos de su inocuidad o su inoportunidad es fútil y no contribuye a nada sustancial. La cuestión, por tanto, reside en encontrar la tasación óptima que por una parte proporcione la recaudación suficiente para corregir la externalidad, y por otra tenga un efecto que no llegue a drenar la competitividad del sector.

Si alguna vez quieren nuestros gobernantes convencernos que se toman en serio las políticas públicas basadas en evidencias, podrían haber iniciado el debate así:

“Tras un análisis riguroso del sector turístico y un debate con los agentes implicados, se propone corregir las externalidades negativas relacionadas con el turismo mediante un impuesto Pigouviano: una tasa turística por pernoctación. Se prevé obtener una recaudación de X€ que se destinarán a paliar los gastos externos derivados de la actividad turística. Los datos sugieren que representará un coste a corto plazo para el sector de Y€, por lo que implementaremos medidas transitorias que permitan incrementar la competitividad del sector. Prevemos que dentro de Z años esta medida repercutirá positivamente en la competitividad del sector y en el bienestar de la sociedad.”

Nota: Este post una versión ampliada de la tribuna publicada en ValenciaPlaza aquí.