Universidad pública y privada en España: ¿sustitutos o complementos?

 

Universidad pública y privada en España: ¿sustitutos o complementos? (Nadaesgratis)

admin 10-03-2023 7 comentarios

Por Jordi Paniagua, Universidad de Notre Dame y Universidad de Valencia (excedencia)

En solo cuatro décadas, España ha duplicado el número de estudiantes matriculados en sus universidades. Uno de los factores que ha contribuido a este aumento es el incremento de la oferta de universidades privadas, que ha pasado de ser prácticamente inexistente a principios de los años noventa a representar actualmente más de una quinta parte del total de estudiantes universitarios (ver Figura 1).

En la actualidad, España cuenta con 50 universidades públicas y 41 universidades privadas. Casi la mitad de ellas, 26 en total, se han creado desde la fundación de la última universidad pública en Cartagena en 1998. No obstante, el porcentaje de estudiantes en universidades privadas en España sigue ligeramente por debajo de la media de la OECD (ver Figura 2). Países como Finlandia, Austria o Italia han experimentado un aumento similar en la tasa de matriculación en universidades privadas (salvando las diferencias en la clasificación en cada país).

Sin embargo, la autorización de nuevas universidades privadas suele generar el rechazo frontal de los rectores de las universidades públicas, como ha sucedido recientemente en Andalucía (ver aquí). Una preocupación latente es que las universidades privadas puedan restar estudiantes a las universidades públicas a costa de rebajar la calidad o el nivel de exigencia. No obstante, algunas universidad privadas parecen atraer también a los mejores estudiantes (por ejemplo en los grados de medicina), lo que ha generado cierta polémica en las redes sociales y otros medios (por ejemplo, este interesante post).

Figura 1: Matriculados totales por tipo de universidad y proporción de la universidad privada

Figura 2: Porcentaje de estudiantes en universidades privadas Educación Superior. Fuente: Education at glance 2022 (link)

El objetivo de mi entrada es analizar la matrícula en los grados de las universidades públicas y privadas en España. En concreto, llevaré a cabo un sencillo análisis descriptivo para arrojar luz sobre la relación de sustitución entre ambas modalidades en el sistema universitario español. Esta cuestión es relevante porque, si consideramos la tasa de crecimiento de la educación superior en España (ver Figura 3), la evidencia sugiere que todavía estamos lejos de acercarnos significativamente a la media de la OECD en términos de graduados universitarios per cápita. Actualmente, España se encuentra en mitad de la tabla con menos del 33% de la población en edad de estudiar cursando estudios universitarios de grado, master o doctorado. La media de la OECD y de la EU23 es del 40%. Esto debería dar lugar a un debate sobre la relación entre las universidades públicas y privadas y su papel en la mejora del sistema universitario español.

Figura 3: Porcentaje de personas de 25 a 34 años con un nivel de Educación Superior. Fuente: Education at glance 2020 (link)

Una gran parte del temor a la fuga de estudiantes proviene del supuesto de que existe un número fijo de estudiantes (y que optarían por la universidad pública si no existiera oferta privada). En este caso, estaríamos hablando de una sustitución perfecta, lo que significa que, por cada 100 nuevos estudiantes en una universidad privada, desaparecerían 100 estudiantes de la universidad pública. Sin embargo, cuando el número total de estudiantes no es fijo (algo conocido en la economía laboral como "lump of labor fallacy", que sugiere que el número de puestos de trabajo tampoco es fijo), las universidades podrían ser sustitutos imperfectos. Por ejemplo, si la universidad pública perdiera solo 25 estudiantes, entonces la universidad privada se convertiría en un contribuyente neto al sistema universitario al atraer a 75 nuevos estudiantes.

A continuación, presentaré algunos datos para comprender mejor la relación de sustituibilidad entre las universidades públicas y privadas. Me centraré en los estudiantes de grado durante el período 2016-2022 por varios motivos. En primer lugar, al aislar el efecto de la población, podemos entender mejor la dinámica entre ambos tipos de universidades. En segundo lugar, durante este período, la universidad privada experimentó el mayor crecimiento. En tercer lugar, las universidades que ofrecen títulos de grado oficiales están sujetas a regulaciones que les obligan a acreditarse mediante un proceso de verificación independiente debido a posibles fallos de mercado y problemas de información asimétrica. Por tanto, podemos suponer que mantienen una calidad mínima comparable, con todas las dificultades que los procesos de acreditación con recursos limitados implican.

Antes de empezar el análisis, conviene tomar perspectiva. La Figura 4 muestra que el número de graduados en las universidades españolas se ha mantenido constante desde 2016 en torno a 1,300,000 alumnos. Durante este período, se llegó a alcanzar aproximadamente los 200,000 (un 16%) matriculados en universidades privadas: un número relativamente pequeño. Sin embargo, estas cifras no nos permiten analizar la relación entre ambos tipos de universidades. Por lo tanto, a continuación, presento las tasas de crecimiento correspondientes al periodo más reciente (ver Figura 5).

Figura 4 Matriculados en grados oficiales por tipo de universidad y proporción de la universidad privada

Desde la culminación del proceso Bolonia con la desaparición de las licenciaturas y plena implantación de los grados universitarios en 2016, la tasa de crecimiento media anual del total de estudiantes se sitúa en torno al 0.52%. En términos totales, esto representa unos 63,000 estudiantes más en 2022 que siete años atrás (un 5% del total). La universidad pública, con una tasa de crecimiento media negativa de alrededor del -1.52%, ha perdido alrededor de 12,000 estudiantes durante este período (un 1% del total). Por otro lado, la universidad privada, con una tasa de crecimiento media del 12.7%, ha aumentado su matrícula en alrededor de 75,000 estudiantes desde 2016. Esto significa que la universidad privada ha sido un contribuyente neto al sistema universitario en España. Un cálculo aproximado sugiere que, por cada 100 estudiantes matriculados en la universidad privada, la universidad pública pierde 16 estudiantes. Esto implica que unos 84 estudiantes hubieran perdido la oportunidad de estudios superiores de no existir una oferta complementaria a la pública. Es importante tener presente que la universidad pública española establece cuotas fijas (numerus clausus) en sus estudios de grado más demandados.

Figura 5 Tasas de crecimiento de matriculados en grados oficiales por tipo de universidad y proporción de la universidad privada

Las cifras presentadas anteriormente no incluyen el aumento de estudiantes extranjeros, quienes representan un poco más del 6% del total de estudiantes. Sin embargo, este grupo es el que más ha crecido en los últimos años, con una tasa media del 27%, lo que equivale a unos 32,000 alumnos adicionales (ver Figura 6). La universidad privada es particularmente popular entre los estudiantes extranjeros, con una cuota de alrededor del 40% en el año 2022 y una tasa de crecimiento media del 60%. En cuanto a los estudiantes extranjeros, parece que tanto la universidad pública como la privada son opciones complementarias.

Figura 6 Tasas de crecimiento de extranjeros matriculados en grados oficiales por tipo de universidad y proporción de la universidad privada

Consecuentemente, la caída en la matriculación entre los estudiantes españoles es más pronunciada que la del total, y el aumento en la universidad privada es más moderado. Desde 2016, la universidad pública española ha perdido unos 26,000 alumnos de origen español, lo que representa una disminución del 2% del total de estudiantes españoles, mientras que la universidad privada ha aumentado en unos 57,000 estudiantes españoles, lo que equivale a un aumento del 4.5% del total de estudiantes españoles. Estos datos sugieren que la universidad privada ha permitido que unos 31,000 estudiantes españoles (2.5% del total) accedan a la formación superior. Por tanto, aunque la universidad privada y pública pueden parecer opciones contrapuestas, los datos no nos permiten descartar que sean sustitutos imperfectos e incluso pueden complementarse, como en el caso de los estudiantes extranjeros.

Una vez establecida la contribución neta de la universidad privada, reflexionemos sobre los factores que influyen en la complementariedad, más allá de mecanismos mecánicos como el crecimiento de la población, los estudiantes extranjeros o las tasas de matriculación (que como explica este artículo están positivamente correlacionadas con el esfuerzo del alumno). Para ello, es importante conocer mejor las diferencias entre las características de los estudiantes de grado de ambas universidades. Al examinar la distribución de áreas de estudio (ver Figura 7), encontramos que las ramas de ciencias de la salud y ciencias sociales tienen una mayor proporción de estudiantes en la universidad privada (probablemente debido al mayor retorno de la educación, como apunta la evidencia empírica en el caso de medicina, ver aquí), con una diferencia de casi 12 y 8 puntos porcentuales, respectivamente. En cuanto a las edades de los estudiantes (ver Figura 8), la universidad pública tiene un alumnado más joven que la privada. El porcentaje de alumnos mayores de 30 años en la privada (22%) es casi el doble que el de la pública (12%). Con respecto al género, las mujeres son mayoría en ambas universidades: 56% en la pública y 58% en la privada. No obstante, en la pública son amplia mayoría las mujeres de entre 18 y 21 años con un 33% frente al 26% en la privada. Es llamativa la baja tasa de matriculación de mujeres mayores de 30 años en la universidad pública (6%) en comparación con la privada (12%).

Figura 7: Matriculados por rama del grado

Figura 8: Matriculados por edad y género

Un test no paramétrico (Kolmogorov-Smirnov) nos permite afirmar con un nivel de confianza aceptable que existen diferencias estadísticamente significativas en la distribución de la matrícula por grados, rango de edad, y sexo por rango de edad entre universidades públicas y privadas. Estos resultados refuerzan la tesis de una complementariedad de grado y se suman a mi intuición personal desde ambos lados de la tarima (como estudiante primero y profesor después) en las aulas de ambos tipos de universidades. Esto me permite esbozar tres hipótesis plausibles, que son compatibles con las diferencias en la distribución de grados, edad y sexo respectivamente, para empezar a explicar los factores que han atraído a 31,000 nuevos estudiantes a la universidad privada.

La primera hipótesis es que las universidades privadas han ampliado las dos colas de la distribución de notas de acceso. Por un lado, la cola izquierda donde se encuentran estudiantes que, aunque marginalmente, no superaron la nota de corte para acceder a la educación universitaria pública. Por otro lado, la cola derecha, donde están aquellos estudiantes de medicina o biotecnología (ahora en la cola izquierda relativa) que tienen una nota de corte cercana al 14, pero insuficiente para estudios muy selectivos. Si estos estudiantes se matricularan en otro grado factible pero menos preferido, desplazarían a estudiantes con peores calificaciones. También están en la cola izquierda de estudiantes de ciencias sociales con notas de corte muy bajas, pero que aún son inalcanzables para algunos y solo pueden acceder a la universidad privada sin nota de corte.

La segunda hipótesis se centra en la oferta de grados nicho por parte de las universidades privadas, que permiten a los estudiantes encontrar programas específicos, a veces muy orientados al mercado, que no se ofrecen en las universidades públicas o que tienen una oferta muy limitada o inadecuada. En algunos casos, las universidades privadas han innovado con programas como multimedia y artes digitales (videojuegos), periodismo, veterinaria o ciencias gastronómicas, entre otros, que se ofrecen en pocas universidades públicas. Estos grados permiten a ciertos profesionales reciclarse, retomar los estudios o iniciar una segunda carrera.

La tercera hipótesis se debe en parte a que las universidades privadas ofrecen una mayor flexibilidad y diversidad docente para conciliar la vida laboral y familiar. Los estudiantes que superan los 30 años y buscan una formación más compatible con sus actividades laborales o familiares, pueden no encontrar en las universidades públicas, con un alumnado más joven, un horario de clases, unas metodologías docentes o compañeros de clase que se adapten a sus circunstancias.

España no puede permitirse aminorar el ritmo de crecimiento en la educación superior, pero tampoco comprometer la calidad ni la igualdad de oportunidades. El rápido crecimiento de la universidad privada en España nos brinda una oportunidad valiosa para aprender sobre cómo aumentar la tasa de participación en la educación superior y adaptarla a las necesidades cambiantes de los estudiantes y del mercado laboral. De confirmarse las hipótesis con un análisis empírico más detallado, se podrían extraer tres lecciones clave para atraer a más estudiantes a la universidad sin comprometer la calidad y la equidad: oferta, innovación y conciliación.

Agradezco los comentarios y sugerencias de Luis Puch, Antonio Delgado y José Ignacio Castillo.

¿Son bajos los salarios académicos en España?

https://alde.es/blog/son-bajos-los-salarios-academicos-en-espana/

Science y Nature se han hecho eco de los bajos salarios que reciben los estudiantes de doctorado (aquí y aquí). Recientemente los doctorados de varias universidades americanas han protagonizado protestas y huelgas, dando paso a la creación de varios sindicatos de estudiantes de doctorado (siendo el más reciente en el MIT). En EEUU los salarios de los doctorandos varían según la universidad y el programa. Según este estudio publicado en American Entomologist, la media está en torno a unos $27,000, que en muchas localidades está por debajo del salario que cubre el gasto medio por persona, cifrado en torno a unos $30,000. Varias universidades están incrementado el salario de sus doctorandos, como por ejemplo Yale, que lo ha aumentado un 20.7% hasta alcanzar los $40,000. En UK, las becas doctorales de la UK Research and Innovation (UKRI) se han incrementado un 11.3% hasta las £17,668, que también está por debajo del gasto medio por persona en UK, cifrado en unas £20,000.

En España, los contratos predoctorales para la formación de doctores (FPU) suponen €17,921 anuales en 2022 (ver aquí), bastante por encima del gasto medio por persona reportado por el INE en 2021 de €11,780 (equivalente a un salario bruto de unos €14,250). Los salarios de los futuros doctores se han mantenido relativamente constantes en la última década. Por ejemplo, con respecto al año anterior, se han incrementado un 0.77%.

Otra manera de contextualizar los salarios doctorales en España es analizar el coste de oportunidad comparándolos con los salarios que se obtendrían trabajando fuera de la universidad. Según el IVIE, el salario medio de un graduado universitario de 24 años es de unos €17,000 (ver figura).

Fuente: IVIE

Para que la comparación resulte ilustrativa, debemos comprar la diferencia (respecto a otro país por ejemplo) en las diferencias salariales (PhD académico vs graduado). Tomemos como referencia EEUU, donde según la Universidad de Georgetown en EEUU, el salario medio de un recién graduado es de $62,500, tal como muestra la siguiente figura.

Fuente: THE GEORGETOWN UNIVERSITY CENTER ON EDUCATION AND THE WORKFORCE

En términos relativos, el salario de los doctorandos en España es un 26% mayor que el coste de vida promedio y un 5% mayor que el salario fuera de la universidad. Por el contrario, en EEUU el salario de los doctorandos está un 10% por debajo del coste de la vida y un 57% por debajo del salario fuera de la universidad. La difrencia entre EEUU en las diferencias salariales no nos permite afirmar que los salarios de entrada en la universidad española sean bajos.

Para que la comparación sea justa, habría que precisar que en EEUU no es preciso realizar un máster para acceder al doctorado, por lo que los primeros años incluyen formación postdoctoral. Por tanto, en el salario del candidato doctoral en EEUU habría que incluir una subvención implícita en su formación, así como unas perspectivas de mejora en cuanto a su salario futuro.

Es interesante analizar qué sucede una vez que se termina la tesis doctoral. A lo largo de su vida, en EEUU un profesor ingresa 2.8 millones de dólares, algo por debajo de la media de profesionales con doctorado (3.2 millones de dólares), y un graduado ingresa 2.3 millones en promedio (como puede verse en la figura de abajo, hay una gran variabilidad). Es decir, un profesor cobra un 24% más que si solo hubiera estudiado un grado universitario. La literatura especializada encentra resultados similares, por ejemplo de hasta un 29% en Alemania (Mertens y Röbken 2013) o un 26% en el Reino Unido (Cassey, 2009).

En cambio, los profesores universitarios tienen un salario un 13.8% menor que otros profesionales con similar formación fuera de la industria. Esta diferencia es el precio del riesgo, ya que la profesión universitaria tiene un riesgo de desempleo menor.

Hagamos la misma comparación en España. Para hacer una comparación más adecuada con los datos españoles, comparemos los salarios de un profesor universitario en EEUU con un graduado universitario. Supongamos una joven doctoranda empieza con una beca FPU con 24 años, encadena un postdoc Juan de la Cierva con 28 y promociona a Profesora Contratada con 33 años, a Titular con 43 y a Catedrática con 53 años, y va acumulando trienios, sexenios y quinquenios de manera progresiva. Algo por otra parte totalmente absurdo que solo pueda aumentar el salario acumulando años sin moverse del puesto. Supongamos siendo conservadores que no ha ostentado ningún cargo académico con derecho a remuneración (algo por otra parte difícil de imaginar con los criterios de acreditación a la Cátedra).

Tomando como referencia los salarios de la Universidad de Málaga (aquí y similares al resto excepto por el complemento autonómico), nuestra profesora universitaria obtendrá un salario al final antes de la jubilación a los 65 años de €72.000 a precios de 2021 (siendo el 39% la suma de complementos). A lo largo de su carrera universitaria habrá acumulado ingresos de alrededor de 2 millones de Euros. En cambio, según el gráfico del estudio del IVIE, el graduado medio acumula unos ingresos de unos 1.4 millones de Euros (menor en caso de ser mujer). Por tanto, un profesor o profesora de la Universidad pública española cobrará un 42% más que un graduado a lo largo de su vida laboral.

Actualización: En el siguiente gráfico muestra la evolución del salario máximo académico con los criterios descritos anteriormente. Si nuestra profesora no promociona a Catedrática y obtiene tres sexenios, acumula 1.77 millones, un 25% más que el graduado medio (en línea con los datos de EEUU).

Este resultado no es sorprendente, es cualitativamente parecido a lo que ocurre en otros países. Resulta en cambio sorprendente que los académicos en España disfruten de un premium de 18 puntos porcentuales por encima del profesor universitario medio en EEUU (otra interesante diferencia en las diferencias salariales). Conviene precisar que en EEUU hay una gran variabilidad en los salarios por campo y por producción científica.

Este sencillo análisis descriptivo sugiere que el salario de los estudiantes de doctorado no parece escandaloso. De hecho, los salarios académicos españoles parecen ser bastante generosos en términos relativos al inicio y a lo largo de la vida laboral. No obstante, un análisis más detallado podría arrojar más luz sobre esta cuestión en términos de eficiencia y política científica. Algo sin duda interesante para algún estudiante que esté iniciado su carrera académica.

Actualización (27/02/2023). Las retribuciones míniemas del salario de un contrato FPU se han actualizado según la siguiente tabla (fuente). Son 14 pagas de €1,260 los primeros años, €1,350 el tercero y €1,688 el cuarto. En total unos 20.000€ brutos anuales o €1.662 mensuales en 12 pagas. El salario FPU es un 18% mayor que el recién graduado (€17.000), un 27% menor que el salario medio (€27.570) y un 32% mayor que el SMI (€15.120).

La UE explora DORA

 https://alde.es/blog/la-ue-explora-dora/

La Comisión Europea ha dado un giro en su política de evaluación científica firmando dos acuerdos que impulsan una nueva forma de evaluar la investigación. La Comisión Europea ha suscrito el acuerdo para reformar la evaluación de la investigación (Agreement on Reforming Research Assessment) impulsado por CoARA, una coalición de 350 organizaciones científicas que impulsan una reforma de la evaluación científica. También ha suscrito la Declaración de San Francisco de Evaluación de la Investigación (DORA), que establece unas recomendaciones para mejorar la evaluación científica.

DORA nace en 2012 con el objetivo general de reducir la dependencia del factor de impacto y las citas, y promover una cultura en la que se dé más “importancia al valor intrínseco de la investigación”. A través de la coalición CoARA, la UE recoge plasma esta filosofía en los principios que guían el acuerdo: calidad (originalidad, profesionalidad y resultados) e impacto (científico, tecnológico, económco y social).

A partir de ahora, la Comisión Europea se compromete a impulsar diez acciones en tres ámbitos (diversidad, calidad y evaluación) para incrementar la calidad y el impacto de la investigación Europa. En concreto, la Comisión fija tres compromisos para reformar la evaluación científica. Primero, implementar unos criterios de evaluación cualitativos mediante una revisión por pares, con un uso responsable de métricas. Segundo, reducir el peso de las métricas bibliométricas, en concreto el factor de impacto y índice h en la evaluación. Concretamente, se compromete a renunciar a recurrir exclusivamente a métricas de autoría (número de artículos, citas, proyectos) o de publicación (factor de impacto de la revista, idioma). Tercero, abandonar el uso de los rankings. Conviene señalar que estos acuerdos abarcan la evaluación individual de investigadores, así como los proyectos de investigación y los centros.

Aumentar el peso de la evaluación cualitativa en detrimento de la cuantitativa se justifica por tres motivos: i) las citas no siguen una distribución normal y por tanto el factor de impacto (una media) no es representativa de las citas de un artículo en concreto. ii) El factor de impacto de una revista es específica de cada campo. iii) Ciertas editoriales han encontrado la menara de inflar el factor de impacto. En cada campo existe un consenso de tácito de lo que se considera o no una aportación de calidad. Si se utilizan exclusivamente métricas basadas en el factor de impacto nos encontraríamos con la paradoja de acreditaciones a Catedrático con exclusivamente 12 ‘Sustanaibilites’, como ya expusimos aquí. El factor de impacto es una condición necesaria pero no suficiente para acreditar la calidad del artículo, es difícil determinar la calidad de un artículo individual con la media de todos los artículos publicados en la revista.

Los acuerdos son lo suficientemente imprecisos para entender que los criterios actuales se alinean con los principios de DORA. Por ejemplo, la ANECA ya realiza una revisión por pares (las comisiones) con unos criterios medianamente transparentes que van más allá uso exclusivo del factor de impacto. En especial el informe revistas Open Access (disponible aquí), la ANECA reconoce implícitamente los problemas con el uso del factor de impacto. No obstante, ante la falta de concreción en la transposición práctica de los acuerdos suscritos por la Comisión, resulta interesante reflexionar cómo pueden verse afectadas la política de evaluación científica en España.

En un país que actualiza los criterios de evaluación aproximadamente cada dos años no es descabellado, por tanto, suponer que la siguiente reforma de los criterios de acreditación de la ANECA vayan en línea con esta filosofía de evaluación. Ya se escuchan voces argumentando que estos acuerdos implicarán un cambio radical en el sistema de acreditación nacional; por ejemplo, con una acreditación institucional en vez de individual aquí, o eliminar el uso del factor de impacto aquí. Con estas reflexiones no pretendo dar argumentos en favor del actual sistema de acreditación (es un tema para otra entrada).

Sin embargo, virar el sistema acreditación hacia una valoración totalmente cualitativa (sin ninguna otra reforma adicional) acarrearía tres problemas. Primero, podría chocar con los principios de transparencia y objetividad de cualquier convocatoria pública. Segundo, dificultaría la valoración de contribuciones altamente especializadas que pueden caer fuera del alcance de la comisión encargada de la valoración.

Por último, daría más poder discrecional a las comisiones. Si la discrecionalidad no se ejerce para favorecer a ciertos candidatos, permite corregir los fallos comentados anteriormente. Sin embargo, el factor de impacto (o cualquier otra medida objetiva) proporciona ciertas garantías al evaluado frente al evaluador. La comisión de acreditación con una discrecionalidad total se parecería mucho a los antiguos tribunales de habilitación o los de las plazas actuales. Casi todas las quejas de nepotismo/endogamia surgen de tribunales de plazas donde no existen unos criterios cuantitativos. Casi ninguna de estos casos se hacen eco de decisiones discriminatorias de las comisiones de la ANECA. Se critican más o menos los criterios, pero raramente su aplicación.

En definitiva, una aproximación Marxista (Groucho) a la evaluación científica donde “si no le gustan mis criterios cuantitativos, tengo otros cualitativos” no está exenta de problemas.

Forced migration and food crises

 Forced migration and food crises (VoxEU column)

The rising levels of food insecurity due to the war in Ukraine have led to concerns about the effects on international migration. This column uses data on asylum seekers with origin in 114 developing countries and destinations in 155 countries – both developed and developing – to show that mild food security crises tend to lead to a surge in forced migration to developed nations, relative to internal displacement. When food crises are more severe, this gap between the effect on international migration and internal displacement reduces, and migrants also become more likely to choose a developing country destination. The expected persistence of a food crises may also play a role in forced migration

In May 2022, the cover story of The Economist (2022), “The coming food catastrophe”, described a daunting scenario where the war on Ukraine has hit a global food system that was already weakened by Covid-19, climate change, and energy shocks. That same day, the Executive Director of the UN World Food Programme, David Beasley, declared that the Ukraine conflict would be a “declaration of war on global food security” and would “cause famine, destabilization and mass migration in nations around the world”. Meanwhile, the UN secretary-general warned against “the spectre of a global food shortage”.

According to the World Food Programme, in less than one year, the population exposed to high food prices and financial difficulties has risen to 1.6 billion people. Up to 345 million people are estimated to suffer from acute food insecurity (United Nations 2022a, 2022b). Although the situation has partially reverted in the last months, since 2020 food prices have risen steeply, and the FAO food price index is currently at historical record high levels (see Figure 1). Food crises, which aggravate poverty and inequality issues in developing countries and poorer households (Artuc et al. 2022), are likely to trigger migration flows. Indeed, the European Commission has expressed concerns about the “huge challenge” posed by migration waves sparked by food shortages. In parallel, the number of applicants for political asylum has increased during the past two decades (Hatton 2021), and the war in Ukraine casts a daunting shadow on refugees in Europe (Becker 2022).

Figure 1 FAO Food price index in real terms

Source: FAO

The link between food crises and migration seems clear to policymakers. However, existing studies on international migrations have generally overlooked the role of food crises, with a few exceptions. In a recent study (Carril-Caccia et al. 2022), we aim to understand better the effects of food crises on international migration flows. Is a potential global food crisis expected to trigger mass migrations? Where would those flows be directed?

In order to answer these questions, we apply the empirical framework of the structural gravity model of trade (Yotov et al. 2016) to data on asylum seekers with origin in 114 developing countries and destinations in 155 countries – both developed and developing.

The link between food insecurity and migration

Modelling catastrophic events like food crises within the gravity framework is challenging for several reasons. Firstly, the standard models of migration flows weigh the payoff of migrating (e.g. higher salaries and well-being) against the costs of moving (e.g. monetary or psychological). Food crises could affect migrations in two opposing ways. On the one hand, they increase the payoff of migrating since food crises reduce the well-being of the migrant in their country of origin and “push” migrants out of their countries or regions. Additionally, migration insures against natural disasters (Yang and Choi 2007). On the other hand, since food prices increase during severe food crises, potential migrants may need to use more resources to cover their immediate food needs, limiting their ability to meet the costs of migrating (Smith and Floro 2020). Indeed, financial constraints have consistently been found to restrain internal and international migration flows (Angelucci 2015).

We hedge these limitations in two ways. Primarily by measuring the severity of the food crises with an index of the intensity of food crises. We built a new dataset (available upon request) with detailed data on the characteristics of food crises (e.g. intensity, causes). We processed and categorized the reports and unstructured information provided by FAO’s Global Information and Early Warning System (GIEWS). We developed a taxonomy of keywords to measure the impact of a food crisis event, its intensity, and its underlying causes. For consistency with the FAO’s classification, we used three levels: i) exceptional shortfall in aggregate food production/supplies (mild), ii) severe localised food insecurity (moderate), and iii) widespread lack of access (severe). Additionally, we distinguish the effect by the level of development of the host country, which is correlated with the level of moving cost.

The second challenge is empirical: food crises are country-specific and come at odds with the canonical econometric specification of the gravity equation (e.g. Baier and Bergstrand 2007), which delivers consistent estimates only of country-pair variables. To overcome this issue, we rely on recent developments in the gravity literature that exploit internal trade to identify country-specific policy variables (Heid et al. 2021). Thus, we constructed a migration dataset that includes internal displacements, migration flows within the same country, and international displacements.

The effects of food crises on international migrations: The intensity and causes matter

Results in Figure 2 suggest that overall food crises propel international migrations, leading to a substantially higher increase in the number of international forced migrants (75% more) than in the number of internal (i.e. within country) displacements. ¹ In a second step, we distinguish between the severity of the crises. We find that mild food crises show the largest impact on the number of international displaced people (relative to internal displacements). In contrast, as the level of food insecurity increases, the positive effects moderate, and the increase in the number of international migrants tends to pair with the increase in internal displacements (see Figure 2). This suggestive evidence aligns with the hypothesis that the intensity of food crises correlates with financial constraints on migration. During mild food crises, individuals face fewer financial restrictions for international migration than during severe food crises, so migrants may still be able to afford the higher cost implied by cross-border (international) migrations. Recently, Cinque and Reiners (2022) showed that origin-country households tend to experience greater harm from natural disasters when unable to migrate.

Figure 2 Effects of food crises by intensity (compared with internal displacements)

Source: The authors' calculations draw on FAO’s Global Information and Early Warning System data. Note: The bars depict the marginal effects calculated with the coefficients of the gravity models’ estimates. When the coefficient is not significant, the bar appears in a lighter blue shade.

When we estimate the effect of food crises on the development level in the host country, we obtain a similar picture. Migration from less to more developed countries is more costly than between less developed countries due to higher travel costs, red tape, and restrictive migration policies. The findings in Figure 3 show that, on the one hand, mild crises have a similar impact on forced migration flows towards developing and developed countries. On the other hand, with severe or moderate food crises, forced international migrants are less likely to move to developed countries. In line with previous results, that could suggest that when food crises are severe, migrants may lack the necessary resources to afford the higher cost of migrating to a developed nation, thus choosing a developing destination.

Figure 3 Effects on flows to developed countries (compared with developing countries)

Source: The authors' calculations draw on FAO’s Global Information and Early Warning System data. Note: The bars depict the marginal effects calculated with the coefficients of the gravity models’ estimates. When the coefficient is not significant, the bar appears in a lighter blue shade.

We also characterised the food crises according to their underlying causes in Figure 4. Food crises driven by more than one cause, which might be expected to last longer or be systemic, prompt larger forced international migratory flows (compared with internal displacement flows). By contrast, crises relating to adverse weather events and disease, usually more transitory, trigger more internal displacement flows. These results suggest that the expected persistence of the food crises might play a role in forced migration.

Figure 4 Effects of food crises by the underlying cause

Source: The authors' calculations draw on FAO’s Global Information and Early Warning System data. Note: The bars depict the marginal effects calculated with the coefficients of the gravity models’ estimates. When the coefficient is not significant, the bar appears in a lighter blue shade.

Concluding remarks

The rising concerns of a global food shortage call for a better understanding of its economic effects. Policymakers designing policies to mitigate the effects of food crises might find helpful insights in our study to anticipate the coordination across different countries and developing agencies. For example, focusing efforts within countries during severe food crises and extending them internationally during mild food crises. Additionally, food relief policies that mitigate the severity of a food crisis without stopping it might have the unintended consequence of increasing international migration flows.

References

Angelucci, M (2015), “Migration and Financial Constraints: Evidence from Mexico”, The Review of Economics and Statistics 97(1): 224-228.

Artuc, E, G Falcone, G Porto and B Rijkers (2022), “War-induced food price inflation imperils the poor”, VoxEU.org, 1 April.

Baier, S L and J H Bergstrand (2007), “Do free trade agreements actually increase members' international trade?”, Journal of international Economics 71(1): 72-95.

Becker, S (2022), “Lessons from history for our response to Ukrainian refugees”, VoxEU.org, 29 Mar.

Carril-Caccia, F, J Paniagua and M Suárez-Varela (2022), “Forced migration and food crises”, Banco de España Working Paper No 2227.

Cinque, A and L Reiners (2022), “Confined to Stay: Natural Disasters and Indonesia's Migration Ban”,  CESifo Working Paper No. 9837.

Hatton, T (2021), “Asylum-seeker recognition rates and EU asylum policy”, VoxEU.org, 19 Nov.

Heid, B, M Larch and Y V Yotov (2021), “Estimating the effects of non‐discriminatory trade policies within structural gravity models”, Canadian Journal of Economics/Revue canadienne d'économique 54(1): 376-409.

The Economist (2022), “The coming food catastrophe”.

United Nations (2022a), “Brief No.3. Global impact of war in Ukraine: Energy crisis”.

United Nations (2022b), “Brief No.2. Global impact of the war in Ukraine: Billions of people face the greatest cost-of-living crisis in a generation”.

Smith, M D and M S Floro (2020), “Food insecurity, gender, and international migration in low- and middle-income countries”, Food Policy 91: 101-837.

Yang, D and H Choi (2007), “Are remittances insurance? Evidence from rainfall shocks in the Philippines”, The World Bank Economic Review 21(2): 219-248.

Yotov, Y V, R Piermartini and M Larch (2016), An Advanced Guide to Trade Policy Analysis: The Structural Gravity Model, WTO iLibrary.

Footnotes

1. Note that our methodology constraints us to obtaining relative effects, that is, they reflect the impact of food crises on forced international migrants compared with internally displaced persons. See Carril-Caccia et al. (2021) for more details.

Evidencias y desavenencias en torno a la tasa turística

 https://alde.es/blog/economia-espanola/evidencias-y-desavenencias-en-torno-a-la-tasa-turistica/

Estamos en el año 2 después de la pandemia y parece que deberíamos haber aprendido algo sobre políticas públicas basadas en evidencias (empíricas). En cambio, seguimos observado discusiones acaloradas con posiciones inamovibles en torno a políticas públicas. Por ejemplo, el debate sobre la tasa turística en la Comunitat Valenciana, donde los partidos políticos, organizaciones empresariales y asociaciones vecinales han cavado trincheras bien a favor o en contra.

Incluso se han creado dos plataformas online exponiendo los argumentos de uno y otro bando. Los partidarios (aquí), argumentan que es mentira (sic) que la tasa turística afecte negativamente al turismo. Aducen que “la tasa turística no tendrá ningún efecto en el sector y contribuirá a financiar los servicios públicos.” Desde la plataforma contraria, se advierte de la pérdida de competitividad por el aumento de precios, y sin oponerse totalmente, advierten que “ahora no es el momento”. El disenso dentro del Botànic, ha contribuido a amplificar el interés mediático.

Sin embargo, hay una voz ausente en el debate sobre la tasa turística. No encontrarán en los medios prácticamente ninguna referencia a los más de 3.600 artículos que aparecen en Google Académico sobre el término “tourist tax”. (Pueden ver un resumen de la cobertura en la prensa local aquí). La ausencia de cualquier atisbo de análisis riguroso esconde dos cuestiones relevantes. Primero, el poco predicamento que tienen las políticas públicas basadas en evidencias. De alguna manera, nos hemos acostumbrado al juego político del blanco y negro. Además, resulta sorprendente la ausencia de referencias u opiniones de quienes se dedican a estudiar estos asuntos. Y esta es justamente la segunda cuestión preocupante: la dificultad con la que trasladan los resultados de la investigación fuera del ámbito universitario.

Numerosos académicos llevan décadas estudiando los efectos de la tasa turística. Concretamente desde finales de los años 70, cuando los hoteleros de Hawai propusieron imponer una tasa por pernoctación para financiar la construcción de un centro de convenciones destinado a diversificar su negocio.

Hoy las motivaciones para imponer una tasa turística o un pequeño pago por pernoctación son distintas. El objetivo es corregir las externalidades negativas asociadas al turismo. Estas se producen cuando los costes del mismo no se asumen por los agentes implicados. Hay muchas situaciones en las que el turismo genera unos costes (ruido, limpieza, degradación del medio ambiente) que no se repercuten en el sector implicado. Se dan además otros factores que pueden lastrar la propia competitividad del sector, como por ejemplo la masificación.  Existen varias políticas públicas para corregir este fallo de mercado. La más popular es un impuesto Pigouviano: una tasa que permite compensar los costes externos mediante la reducción de la actividad económica que los genera junto con la recaudación del impuesto.

En nuestro entorno, esta tasa fluctúa entre 1€-6€ por noche, pero hay destinos como Bután que pueden llegar a cobrar 200€/noche. Es evidente que, si se cobrara esta cantidad en Valencia, no tendríamos ningún coste externo por el turismo porque simplemente desaparecería.

En economía no existen leyes naturales como en la física, pero sí realidades tozudas. Los turistas somos sensibles al precio de los productos o servicios que consumimos. Desde el estudio pionero de Mak y Nishimura en 1979, la evidencia que hemos ido acumulando va en la misma dirección: imponer una tasa turística tiene un impacto negativo en el número de turistas. En nuestro entorno este impacto es relativamente modesto. Por ejemplo, estudios realizados en Baleares (aquí y aquí) estiman que una tasa turística de 1€ reducirá menos del 1% la demanda total de turistas. En cambio, en las Maldivas, se estima que un aumento del 10% en el impuesto al turismo reduce la demanda en un 5,4% (link).

El reciente estudio de Heffer-Flaata et al. (2020) concluye que la tasa turística tuvo un impacto negativo en la demanda turística de británicos en ciudades francesas, italianas y españolas. El efecto negativo  es mayor en los destinos con aerolíneas low-cost, como Girona. Por tanto, serían previsible resultados similares que destinos como Benidorm y Alicante. No obstante, también concluye que las grandes ciudades como Venecia o Barcelona no experimentaron una caída significativa en la demanda. Existe además cierto consenso acerca de que la caída es mayor en los primeros años tras la medida, y tiende a aminorarse con el tiempo (ver aquí).

Efectos de la Tasa turística (Heffer-Flaata et al, 2020)

Hay varias razones que explican este comportamiento. La primera es que el sector turístico es un mercado altamente competitivo con unos precios muy ajustados a los costes directos. Por tanto, una tasa fija representa un porcentaje mayor del gasto total en comparación con destinos más caros. Por otro lado, está el efecto de ordenación de precios (ver aquí): los consumidores tendemos a escoger las primeras opciones dentro de una lista. Por tanto, quedar relegado un par de posiciones en los buscadores online puede suponer pérdidas considerables.

Las evidencias que ha ido arrojando el análisis económico de la tasa turística nos sugieren que la tasa tendrá un efecto negativo pero moderado. Intentar convencernos de su inocuidad o su inoportunidad es fútil y no contribuye a nada sustancial. La cuestión, por tanto, reside en encontrar la tasación óptima que por una parte proporcione la recaudación suficiente para corregir la externalidad, y por otra tenga un efecto que no llegue a drenar la competitividad del sector.

Si alguna vez quieren nuestros gobernantes convencernos que se toman en serio las políticas públicas basadas en evidencias, podrían haber iniciado el debate así:

“Tras un análisis riguroso del sector turístico y un debate con los agentes implicados, se propone corregir las externalidades negativas relacionadas con el turismo mediante un impuesto Pigouviano: una tasa turística por pernoctación. Se prevé obtener una recaudación de X€ que se destinarán a paliar los gastos externos derivados de la actividad turística. Los datos sugieren que representará un coste a corto plazo para el sector de Y€, por lo que implementaremos medidas transitorias que permitan incrementar la competitividad del sector. Prevemos que dentro de Z años esta medida repercutirá positivamente en la competitividad del sector y en el bienestar de la sociedad.”

Nota: Este post una versión ampliada de la tribuna publicada en ValenciaPlaza aquí.

Una cobra de acceso abierto en la ANECA

 

Las normas de acreditación y evaluación de la actividad investigadora del profesorado es uno de los temas más populares, controvertidos y recurrentes de este y otros blogs de la esfera académica.

Populares ya que la mayor parte de los lectores que se encuentran en la esfera académica y este baile de criterios afectan directamente a su carrera y promoción académica. Tan solo en el blog de ALDE hay más de 10 entradas sobre la ANECA.

Controvertidos por la cantidad de opiniones e intereses encubiertos y enfrentados en cada una de las disposiciones del ministerio a través de la ANECA. En especial el informe revistas Open Access (disponible aquí). A grandes rasgos, el informe hace una radiografía de la publicación en abierto y la particulariza para el caso español. El punto más controvertido del informe es el uso de una matriz enfrentando el número de ítems citables y la tasa de autocitas para categorizar las revistas con un comportamiento no estándar en las categorías JCR. El informe concluye que el factor de impacto no es garantía de calidad científica según los estándares habituales de la comunidad científica y acaba recomendado un escrutinio particular para los artículos publicados en esta nueva lista “no estándar”. Esta lista incluye revistas generalistas de reconocido prestigio como Nature, Cell, Science, o PNAS, del ámbito de la economía con Economics Letters pero también aquellas que bordean el límite de lo predatorio como el grupo MDPI. El informe bebe de un artículo científico (aquí) cuestionando las prácticas de MDPI. La editorial (aquí) y varios bibliometristras (aquí y aquí) se han ocupado de mantener viva la controversia en relación a varios supuestos fallos metodológicos del artículo.

Recurrentes: la ANECA se muestra exquisitamente prolífica al introducir cada dos o tres años nuevos tipos de sexenios (transferencia en 2019, de docencia en ¿2022?) y nuevos criterios de acreditación: noviembre 2017 y diciembre 2019. En octubre del 2021 nos vuelve a sorprender con unos nuevos principios y directrices de evaluación de la investigación. Pueden ver este artículo para una visión histórica anterior en los cambios de criterios en la evaluación científica en España.

Utilizando su mismo léxico es oportuno preguntarse qué explica el comportamiento no estándar de la ANECA en relación a otros organismos similares. Otras agencias como la catalana AQU, también actualizan sus criterios periódicamente. Pero la diferencia es que la AQU tiene unas ventanas fijas de evaluación y los criterios son los mismos en cada actualización (al menos en 2020 y  2021 en el ámbito de las ciencias sociales). Otros organismos de clasificación como la Academic Journal Guide, elaborada por la Association of Business Schools (ABS, RU) actualiza cada tres años sus listados (2018, 2021), pero siguiendo la misma metodología.

Una explicación plausible es el efecto cobra: medidas que en su momento parecieron sensatas (criterios transparentes y cuantitativos) y bienintencionadas (aumentar la calidad de la investigación), pero que han acabado teniendo el efecto contrario al deseado. El ejemplo de manual es el de la India cuando los oficiales británicos ofrecieron una rupia por cada cobra cazada para frenar una plaga. El resultado fue el contrario: aumentó el número de cobras se las criaba para cobrar una rupia.

A la ANECA se ha colado una cobra de acceso abierto en el sistema de evaluación. Veamos cómo particularizando en el cambio de criterios del 2017 en ámbito de la economía resumidos aquí. La ANECA, en un esfuerzo de transparencia y cuantificación, hizo públicos los criterios cuantitativos para la acreditación: una catedrática debe publicar 12 JCR con la siguiente distribución: 8 publicaciones de Nivel 1 (JCR (Q1 o Q2) o SJR (Q1)) y 4 de Nivel 2 (JCR (Q3) o SJR (Q2)). Los criterios del 2019 bailan un poco, pero siguen la misma filosofía (así como el de los sexenios).

¿Cómo responde el catedrático por acreditar? Dedica todo su esfuerzo a conseguir los 12 JCR. Y como los incentivos y el mercado funcionan, lo consigue de una manera (la tradicional) o de otra. Por ejemplo, mediante la publicación en revistas de acceso abierto mediante pago. Algunas de estos journals están bien posicionados según el factor de impacto, pero que ofrecen previo pago un sistema de revisión expeditiva con un alto índice de aceptación. Cualquiera que se haya enfrentado al sistema tradicional en economía sabe que es un proceso largo, tortuoso e incierto (ver este post). Algunas de esta revistas Open Access ofrecen un atajo hacia una publicación con un sello de calidad del JCR. Estas revistas cumplen con los requisitos formales que pide la ANECA (indexadas en JCR con un buen factor de impacto). Sin embargo, es muy difícil extraer señales de calidad adecuadas de los mismo solo con la medición del factor de impacto. Según el propio Beall (el precursor de la lista de revistas predatorias), estas revistas son un caso dudoso y fronterizo entre la publicación legítima y la predatoria (ver vídeo). Es decir, estar en el JCR es condición necesaria pero no suficiente para acreditar la calidad del artículo. No quiere esto decir que todo lo publicado allí sea basura, es simplemente más difícil de determinar la calidad de los artículos.

A la ANECA le han crecido las cobras y seguramente se habrá encontrado con una cohorte de catedráticos acreditados con 12 “Sustanabilities”. Que a su vez han podido financiar el pago mediante convocatorias públicas de proyectos del plan nacional de I+D, que tiene unos criterios formales de selección parecidos a los de la ANECA. El propio informe de la ANECA sobre el open Access y este post señalan que el número de artículos españoles en revistas Open Access del grupo MPDI o Frontiers es desproporcionado.

Por tanto, alguien parece haberse dado cuenta de que los criterios de la ANECA no han contribuido de menara decisiva al incremento y acreditación de la calidad científica en algunas disciplinas (el fin para el que fueron diseñados). En cambio, los criterios han propiciado más bien lo contrario: una inflación de artículos JCR (que no es lo mismo calidad científica) que dificulta la tarea de algunas comisiones a la hora de poder extraer señales de calidad ente tanto ruido. Por tanto, no se han cumplido completamente los objetivos de incrementar la calidad de la investigación española y discriminar calidad de la investigaciones.

Las buenas intenciones no bastan si no contamos con los incentivos adecuados y se evalúan los resultados. Para diseñar políticas eficaces que cumplan con sus objetivos debe primero, tener en cuentas los incentivo que proporcionan a los agentes implicados. Algunas agencias, como la AQU, parece que tuvieron esto incentivos presentes desde hace tiempo y dieron más flexibilidad a las comisiones, que pueden “ajustar los niveles de calidad que considere, en relación con la aportación de la persona solicitante, en el caso de los artículos científicos, más allá de la ubicación de la revista en un cuartil determinado, teniendo en cuenta varios elementos adicionales como: el número de citas (p.e. Google Scholar), el número de autores y el orden en la firma así como la inclusión de las revistas en otros índices de referencia, repertorios o listas especializadas de revistas”. (Criterios en la emisión de las acreditaciones de investigación 2020 – AQU).

Segundo, evaluar los resultados y corregir en caso de fallo. Afortunadamente, parece que la ANECA está en esto y rectifica el JCR-centrismo del que ya avisaban, entre otros, Ruiz-Pérez y coautores en 2010 aquí. No deja de ser curioso como este asunto se parece a su extremo opuesto: la tiranía del top-5 o top5itis denunciada por Heckman y Serrano. Estos reputados economistas proponen abandonar parcialmente el centrismo de las listas (ya sean la top5 o la JCR) y empezar a leer los papers de los profesores evaluados. En nuestro caso, esto implicaría dotar a las comisiones de la flexibilidad suficiente para que la norma no produzca efectos indeseados. 

Promoción de inversión extranjera frente a la COVID-19

 Promoción de inversión extranjera frente a la COVID-19

 Texto: Jordi Paniagua y Cristina Villó

La pandemia de coronavirus ha causado una crisis económica a nivel mundial que ha venido a acelerar una situación de ralentización de un ciclo económico marcado por un alto nivel de endeudamiento en los países occidentales con tipos de interés cero, altas dosis de proteccionismo y un alto grado de tensión en las relaciones comerciales entre las grandes potencias.

Por su parte, las empresas multinacionales se enfrentan a un escenario complejo que les obligará en mayor o menor medida a revisar sus operaciones futuras, para las que deberán tener en cuenta los posibles riesgos a asumir frente a las previsiones de rentabilidad, así como reconsiderar sus cadenas de aprovisionamiento a medio y largo plazo. La incertidumbre que ha generado la interrupción del suministro por parte de proveedores habituales puede provocar un acortamiento de las distancias en las cadenas de valor globales que se van a relocalizar.  El aprovisionamiento y la seguridad en los stocks tanto de producto acabado como de bienes intermedios no pueden seguir dependiendo de un país o de una localización dentro de ese país.

La evolución de los flujos de Invesrión Extranjera Directa (IED) a nivel mundial, y según estimaciones de la OCDE, escenarios más optimistas prevén una disminución del 30% en 2020 en comparación con 2019, mientras que los más pesimistas predicen que la caída podría ser más profunda y de una mayor duración. Las cifras del reciente World Investment Report 2020 de la UNCTAD reportan unas cifras similares: una caída del 40% en fusiones y adquisiones y del 50% en inversión nueva (greenfield) en los tres primeros meses del 2020. La mayor caída se espera en Europa, pero advierte el informe que términos relativos los países en vías de desarrollo se verán más perjudicados por el descenso de la inversión en sectores clave como el turismo.

En esta compleja situación, los gobiernos de todo el mundo han tomado posiciones promoviendo medidas de gran alcance para combatir los efectos económicos negativos de la crisis, e introduciendo mecanismos de revisión de la IED para proteger industrias consideradas críticas ante posibles amenazas de adquisiciones foráneas.  Como nos recordaban hace poco este mismo blog, estamos ante un nuevo escenario en el que las agencias regionales de promoción de inversiones (APIs) tendrán que afinar sus instrumentos y tocar de oído con una nueva partitura.

En esta entrada queremos ampliar el análisis de las agencias de promoción de inversión extranjera que publicamos recientemente aquí con unas reflexiones enmarcadas en la crisis del coronavirus. Según el IPA Survey 2020 de la UNCTAD, las APIS esperan una reducción considerable de los proyectos de inversión que gestionan.

No obstante, durante los últimos meses, la actividad de las agencias regionales de promoción de inversiones en España no se ha visto radicalmente afectada en tanto en cuanto han ido recibiendo iniciativas de inversión que probablemente se habían estado gestando en los últimos meses del pasado año y comienzos del presente y se han decidido justo antes de la pandemia.  Sin embargo, en un medio plazo, las APIs van a enfrentarse a una situación de contracción de la IED a nivel global, lo que, unido a posibles cambios en las prioridades de las políticas de los diferentes gobiernos autonómicos, así como un posible ajuste en los respectivos presupuestos, obligará a replantear funciones, actividades y estrategias a futuro. Sin embargo, en tanto que la atracción y retención de IED puede ser parte de la futura recuperación económica, resulta imprescindible que, en los planes que se diseñen, se respalde cualquier posibilidad de inversión ya que está demostrado que la IED influye directamente en la generación de empleo, y facilita el acceso a nuevos servicios, tecnología y conocimiento, incidiendo positivamente en el desarrollo de la economía local.  Esta situación de pandemia ha afectado sobre todo a la movilidad de las personas, y nos ha introducido en una realidad en la que el contacto físico será probablemente cada vez más complicado.

De la noche a la mañana, las APIs han visto canceladas las visitas de posibles inversores, la asistencia a ferias o eventos, e incluso las reuniones presenciales de los propios equipos. Ello, unido a la situación de confinamiento, ha obligado a una reorganización de trabajo. Incorporar nuevas formas de plantear la actividad habitual, implementando el trabajo en remoto, ha supuesto un verdadero desafío para estas organizaciones, que han tenido que enfrentarse a la implantación de soluciones digitales de urgencia, para poder seguir manteniendo la actividad, como plataformas para reuniones y seminarios virtuales, al tiempo que plantean incorporar herramientas más avanzadas de inteligencia artificial para promocionar el territorio como destino estratégico de inversión, como la implantación de mapas interactivos en línea o soluciones de realidad virtual para dar a conocer las diferentes localizaciones. La mayoría de las APIs en España han dedicado un espacio en su web a la información actualizada en relación con la COVID-19, sobre las diferentes medidas que han ido impulsando los diferentes gobiernos de interés para las empresas, así como información referida a las restricciones de movilidad terrestre, aérea o marítima en los diferentes países, o la evolución de la situación económica e industrial a nivel internacional. Asimismo, se han creado plataformas virtuales para atraer soluciones tecnológicas y capacidades empresariales disponibles para la fabricación y suministro de aquellos productos o servicios a aportar a la situación de emergencia en cada territorio, y se han remitido encuestas on line para valorar el impacto en las empresas, entre otras muchas actuaciones. La situación de teletrabajo ha provocado también la retirada progresiva de los procedimientos centrados en el papel para incorporar procesos automatizados de administración electrónica a través, por ejemplo, de la implantación de la firma digital, y otros como la ventanilla única que facilita y reduce los tiempos para la obtención de licencias o permisos.

Las APIs se han visto obligadas a reducir en los últimos meses sus actividades de marketing, aunque al mismo tiempo han aprovechado para plantear una mayor coordinación con  aquellas entidades colaboradoras como Ayuntamientos, Cámaras de Comercio, y Organizaciones Empresariales. Asimismo, se han promovido reuniones entre las APIs regionales bajo la coordinación de ICEX- Invest in Spain, con el objetivo de intercambiar información sobre las respectivas realidades y compartir ideas sobre posibles líneas de trabajo futuras, así como intercambiar experiencias, así como lecciones aprendidas. En los próximos meses, algunas de estas agencias deberán plantear una revisión de sus respectivos planes estratégicos -ya que algunos de ellos fijaban el límite de vigencia en el presente ejercicio 2020-. Ello les va a permitir reconsiderar sus estrategias a medio y largo plazo, para adaptarse a la nueva situación, y a las necesidades cambiantes de los inversores. Esa necesidad de repensar su propuesta de valor para por redefinir el modelo, así como de priorizar sectores estratégicos, y países emisores a los que dirigir los esfuerzos de marketing, con el objetivo de realizar una búsqueda más selectiva de los posibles inversores. unido a la necesaria alineación de la estrategia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son los próximos retos que afrontarán muchas de las agencias regionales en los próximos meses. Esta revisión de la estrategia deberá ir acompañada de una importante apuesta de inversión desde el punto de vista tecnológico y digital, ya que disponer de una buena infraestructura digital va a suponer un aspecto crítico para el futuro de estas organizaciones.

Los retos que plantea la actual situación, teniendo en cuenta la alta depedencia exterior de España en productos sanitarios básicos (ver aquí), obligan a las APIs a  trabajar en una especialización sectorial reorientando las políticas de atracción de inversión hacia aquellos sectores identificados de crecimiento y que se han posicionado como sectores de oportunidad post COVID-19 como el de dispositivos médicos,  productos sanitarios, biotecnología, farmacéutico, semiconductores, componentes de automoción, automoción, servicios de software, tecnología digital, ciberseguridad,  metal, textil, energías renovables, aeroespacial, comercio electrónico, o servicios de telemedicina.

Por último, queremos destacar, entre las estrategias a priorizar por los distintos gobiernos regionales, aquellas que necesariamente deberán dirigir a retener la inversión ya realizada en el territorio. Para ello, se deberá incidir por parte de las APIs en reforzar las relaciones con las empresas multinacionales implantadas para transmitirles su apoyo a posibles operaciones, así como para encontrar nuevas oportunidades para la expansión de su actividad. Es importante incrementar la interlocución, identificando sus necesidades, y ayudándoles en la solución de posibles problemas. Además, es fundamental apoyar a los inversores en sus relaciones con la cadena de suministro local, ayudándoles a identificar proveedores críticos para el mantenimiento y desarrollo de su actividad. Es fundamental esa aproximación para estrechar las líneas de colaboración entre las multinacionales implantadas y las pymes locales. Reforzar la unidad o departamento de “Aftercare”, va a ser fundamental para identificar estas necesidades y activar la comunicación y el conocimiento mutuo entre las diferentes partes, así como para intensificar la coordinación entre los inversores y los diferentes gobiernos autonómicos que faciliten los cambios en materia normativa que posibiliten la permanencia de la inversión en los respectivos territorios.